lunes, 2 de noviembre de 2015

SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO; SENTENCIA COMENTADA de 26 de Mayo de 2015: EXTINCIÓN DE CONTRATOS DE LOS INDEFINIDOS NO FIJOS EN LAS AA.PP.

Se trata de dos trabajadoras que prestaban servicios como personal laboral indefinido no fijo para la administración pública demandada.
Se les comunica la extinción de sus contratos por amortización de las plazas, como consecuencia de la reducción de 95 puestos de trabajo, la supresión de 16 centros comarcales y la amortización de 39 puestos de trabajo.
Las trabajadoras impugnaron sus despidos, alegando que son nulos  por haber incumplido la empresa el procedimiento del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, previsto para los  despidos colectivos. 

El Juzgado de lo Social estimó las pretensiones de las trabajadoras, no obstante, la entidad recurrió en Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia que desestima tales pretensiones porque considera que en el caso de personal indefinido no fijo, la amortización de la plaza es causa suficiente y directa para producir el cese de las trabajadoras, sin que sea necesaria acudir a la vía del despido colectivo u objetivo.

La sala de lo social del TS tiene ante sí un planteamiento tal que debe dilucidar si, para que se produzca la válida extinción laboral de las trabajadoras , atendiendo al número de los trabajadores afectados, hay que acudir a los trámites previstos para los despidos colectivos, teniendo en cuenta que el personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas debe regirse por la legislación laboral, las normas convencionales de su ámbito y aquellos preceptos que le sean de aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

El Tribunal Supremo en doctrina tradicional establece que:

La relación laboral "indefinida no fija” está sometida a una condición resolutoria, esto es la provisión de la vacante por los procedimientos legales de cobertura previstos, cuyo cumplimiento extingue el contrato por la mera denuncia del empleador y sin necesidad de acudir al procedimiento contemplado en los arts. 51 y 52 ET. Esta doctrina sería extensible a los casos en que el puesto desaparece por amortización de la plaza porque no podrá cumplirse la provisión reglamentaria y habrá desaparecido el presupuesto de la modalidad contractual y el contrato se extingue ex arts. 49.1.b) ET y 1117 CC.

Pero es que la Sala atiende a la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio de 2014, rectificadora del criterio precedente, donde se sostiene que:

Los contratos de interinidad por vacante están sujetos al cumplimiento del término pactado (la cobertura reglamentaria de la plaza) y que consiguientemente estamos ante una obligación a término y no ante una condición resolutoria, porque las obligaciones condicionales (arts. 1113 y sigs. CC) son aquellas cuya eficacia depende de la realización o no de un hecho futuro e incierto, en tanto que en las obligaciones a término se sabe que el plazo necesariamente llegará, en forma determinada [se conoce que llegará y cuando ello tendrá lugar] o indeterminada [se cumplirá, pero se desconoce el momento].
La amortización de la plaza por nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) -permitida por el art. 74 EBEP-, no puede suponer la automática extinción del contrato de interinidad, pues no está prevista como tal, sino que requiere seguir previamente los trámites de los arts. 51 y 52 ET , aplicables al personal laboral de las Administraciones Públicas, y en los que la nueva RPT ha de tener indudable valor probatorio para acreditar la concurrencia de la correspondiente causa extintiva.
La doctrina es aplicable igualmente a los trabajadores indefinidos no fijos, cuya extinción contractual está igualmente sujeta a la cobertura de la plaza y, en su caso, a la amortización.

"Tanto en los supuestos de nuda interinidad por vacante, como en los de su transformación en indefinido no fijo por el transcurso del plazo máximo [ arts. 70.1 EBEP y art. 4.2 b) del RD 2720/1998 ]: a) La amortización de la plaza desempeñada por modificación de la RPT no está legalmente prevista como causa extintiva de estos contratos, porque no está sujetos a condición resolutoria, sino a término; y b) Para poder extinguir los contratos sin previamente haber cubierto reglamentariamente las plazas, la Administración Pública deberá acudir a la vía de extinción prevista en los arts. 51 y 52 ET [cauce ya previsto por la DA vigésima ET ]."(sic)

Y es siguiendo esta reciente doctrina por lo que la Sala de lo Social del Tribunal Supremo entiende en consonancia con el informe del Ministerio Fiscal, que el recurso de las trabajadoras debe ser estimado y la sentencia del TSJ recurrida ha de ser casada y anulada, y resolviendo el debate suscitado en suplicación procede desestimar el recurso de tal clase interpuesto por la Administración pública empleadora y confirmar la sentencia de instancia.

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